Feminicidio: ¿tipo penal o problema social?

La violencia se ha presentado como un problema casi inherente a la sociedad. La discriminación a la mujer fue el primer tipo de explotación del ser humano, siendo la mujer relegada por la concepción de su cuerpo. Esa violencia ha sido inyectada en la educación de familias que aún perduran con los años, con los nuevos siglos y podría seguir siendo ocultada en clases sociales. Sobre ello, Flora Tristán lo relataba en Peregrinaciones de una paria cuando la consideraban ciudadana de segunda clase, por su condición de mujer, así como la absoluta falta de protección legal en que se encontraba y su inferioridad desde todo punto de vista frente al hombre.

La sociedad actual no ha conseguido liberarse de aquellos atavismos de violencia que incrementan los índices de muerte de las mujeres. El feminicidio ha incursionado como un tipo penal autónomo en nuestro ordenamiento jurídico peruano con el objetivo de reducir las alarmantes y preocupantes cifras de casos de asesinatos, que ha sacudido el aparato judicial en aras de encausar un problema social a un problema de género.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, el 20 de diciembre de 1993, definió la violencia de género como “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas tales como actos, si se producen en la vida pública como en la vida privada”.

Teniendo en cuanto lo anterior, la definición del feminicidio ha evolucionado en el tiempo en respuesta a los variados enfoques conceptuales, pero la doctrina lo ha definido como el crimen contra las mujeres por razones de su género.

La regulación del feminicidio -en distintos ordenamientos jurídicos- como un delito autónomo para garantizar la sanción de la violencia contra la mujer por motivos de género o discriminación, así como prevenir y erradicar dicha violencia fueron el utópico objetivo con el que pretendían “proteger a la mujer” y, con ello, reducir el índice de impunidad que iba en aumento.

Es por ello, que en el año 2013, la Ley N° 30068 incorporó al Código Penal Peruano el artículo 108-B, que tipifica el delito de feminicidio señalando que: “el que mata a una mujer por su condición de tal, será reprimido con pena privativa de libertad”.

En términos jurídicos penales, el delito es la conducta que lesiona o pone en peligro bienes jurídicos, es decir, derechos protegidos como la vida, la libertad o el patrimonio. Si analizamos los elementos del hecho punible que configuran el delito de feminicidio, se puede advertir que el sujeto activo que debe realizar la acción no tiene género, así que puede tratarse de una mujer o  un varón, pero el problema surge con el sujeto pasivo de la acción y la condición que ésta deba tener ¿cómo se entiende esto? ¿El legislador se refiere al aspecto biológico o un aspecto de género?

Sucede que la configuración y tipificación del delito de feminicidio obedece a un conjunto de regulaciones que desde el ámbito penal se han venido articulando de manera puntual a un tratamiento que ha adquirido visos eminentemente sociales y como tal, más que apartarse del andamiaje legal, lo que ha hecho es enfatizar que el feminicidio implica o supone es un problema de afectación de género, donde la mujer por su condición de tal es la que se ve afectada en sus diversas dimensiones. Ello, lo único que logrado es que los distintos grupos políticos utilicen el impacto de esta creciente violencia como escudo de batalla en un utópica lucha contra la violencia de género, la violencia contra la mujer y otros miembros del entorno familiar que viene fracasando por la ineficiente actuación de las autoridades policiales y jurisdiccionales.

De acuerdo a la información proporcionada por el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, se han registrado 556 mujeres asesinadas, en el periodo 2011-2015; entre enero y setiembre del 2016, fueron 55 víctimas. Las cifras han ido en aumento hasta la actualidad. Entonces, sorprende que tras la inclusión en la normativa penal del delito de feminicidio, las estadísticas han revelado que el país aún enfrenta un aumento de número de casos de violencia e inseguridad, así como el aumento del índice de violencia y asesinatos de mujeres ¿Por qué sucedió esto si se suponía que la regulación coadyuvaría a reducir cifras y no lo contrario? ¿Será que la aplicación defectuosa del tipo penal y la errónea interpretación judicial han incrementado estos índices sin obedecer a la realidad fáctica?

El primer punto que debe estar claro, es que la estructura del tipo penal, como bien se ha adelantado en párrafos precedentes, está integrada por los elementos normativos necesarios para que la conducta del agente sea punible, estos elementos son: la conducta humana, la adecuación de la conducta del sujeto activo a una sanción, que esta conducta sea contraria a Derecho y al ordenamiento jurídico y, finalmente, la reprochabilidad a su autor conocida como culpabilidad.

El feminicidio es un delito que se comete por la acción, es decir, quien realiza la conducta delictiva ejecuta el hecho por “matar”. Como sujeto activo sería cualquier persona al margen de su género. Por otro lado, como sujeto pasivo, que se conoce como víctima, necesariamente tendría que ser mujer. Ahora bien, el feminicidio es un delito doloso –entendida como la conciencia y voluntad de realizar la conducta delictiva- es decir, el sujeto activo sabe lo que hace, decide hacerlo y procura ese resultado delictivo; en este caso, el resultado muerte. Hasta aquí, se configuraría los elementos normativos que exige la tipicidad de este delito; sin embargo, se ha adicionado otro elemento normativo conocido como el móvil o causa, y precisamente es la muerte de una mujer se dé “por el hecho de serlo o por su condición de tal”.

Al momento de analizar este móvil exigido por el delito de feminicidio advertimos que es el aspecto específico del delito de feminicidio -el sujeto activo mata a una mujer por el solo hecho de ser mujer- que se diferencia de los otros delitos contra la vida, el cuerpo y la salud. El legislador ha dejado en evidencia que para configurar la conducta del delito de feminicidio debe constituirse necesariamente el motivo de género, es decir, querer dar muerte a una mujer por su condición de tal.

Aquí es donde han surgido varias interrogantes, y una de ellas sería ¿cómo se demuestra el móvil de muerte a una mujer por su condición de tal?, pues bueno, sucede que en este caso, el autor del delito de feminicidio tendría que ser una persona que evidencie en su comportamiento algún tipo de discriminación, desprecio u odio hacia el género femenino y, que por ello ejerce esa acción punible de dar muerte. Entonces, si no se logra demostrar que el agresor da muerte a una mujer por distintas razones solo por tratarse de una mujer, es innecesario completar el último elemento normativo del delito de feminicidio, la punibilidad, es decir, la sanción a imponerse con pena privativa de libertad, sanción que en un principio era no menor de 15 años, pero con la aprobación de la nueva ley que modifica la pena mínima para este delito, ahora será no menor de 20 años. En este aspecto, debemos precisar que el aumento de la pena no garantizará la reducción de la impunidad de los casos de feminicidio, pues en realidad dicha modificación es un legalismo guiado por la presión mediática que opera sancionando con penas que usan a la violencia contra la mujer para generar medidas populistas que no resuelven el problema en sí mismo.

Bajo estos argumentos, para la configuración del feminicidio debe probarse los elementos normativos analizados y a mi juicio es imposible que se demuestre que el agresor que da muerte a una mujer sea motivado por el solo hecho de la condición de la víctima, pues estaríamos en la necesidad de probar la misoginia, pero el legislador ha regulado este delito para proteger la vida y no la misoginia, o como el Acuerdo Plenario N° 001-2016 ha establecido al feminicidio como un delito pluriofensivo, es decir, un delito que ataca a más de un bien jurídico protegible a la vez, ¿la regulación ha sido enfocada a proteger cualquier tipo de ataque a la víctima colocando a la mujer en un contexto de discriminación?

Entonces, es claro que tipo penal de feminicidio exige un aspecto en específico que no es exigido por otro delito contra la vida, como el homicidio o el parricidio, pues los elementos normativos del delito de homicidio -regulado en el artículo 106° de Código Penal Peruano-  exige que una persona pruebe la voluntad de dar muerte a una persona, sin importar el género.

Antes de la dación del feminicidio, todos los procesos penales investigados por la comisión de delitos contra vida, eran tipificados como delitos de homicidio u homicidio calificado, teniendo en cuenta además que para la determinación de la pena se debe considerar circunstancias agravantes como la ferocidad, lucro, placer, crueldad o alevosía. Entonces, si ya nuestra legislación regulaba específicamente un delito en el que se protegía el bien jurídico “vida” ¿cómo es que los operadores de justicia están procesando, juzgando y sancionando conductas delictivas derivadas de la muerte hacia una mujer, solo por su condición de tal? ¿Acaso una mujer no un ser humano que goza del derecho a la vida al igual que otra mujer u otro varón? o ¿Ahora ya estamos dándole un determinado valor a la muerte en concordancia con la víctima, dependiendo si se tratase de un varón, mujer, niño o niña?

El derecho a la vida se encuentra protegido en el artículo 2° de la Constitución Política, su protección ante cualquier vulneración está regulado con el delito de homicidio que ha sido durante mucho tiempo la figura delictiva por la cual se sancionaba al homicida, sin tener como criterio de debate si se trataba de una mujer o no, y que por esta condición debía ser punible una conducta reprochable por la sociedad, pues la muerte es la acción de la falta plena del respeto a la vida de una persona, el extremo más grave de violencia.

Sin embargo, el Estado en aras de proteger a la sociedad ha encaminado una política criminal ejerciendo el ius puniendi como facultad de castigar a quien quebrante los bienes jurídicos protegidos por el Derecho Penal, sin considerar que la protección a la vida se encuentra regulada por el delito de homicidio.

Lo cierto es que esta implementación normativa obedece a la presión mediática, en este caso, ante el aumento desproporcionado de muerte contra mujeres que se ha incrementado luego de la incorporación del delito de feminicidio en la legislación peruana. Lo que es peor, es que este tipo penal es inaplicable y simbólico, pues la conducta delictiva de dar muerte a una mujer (o varón) bien pudiera constituirse en un homicidio simple o un homicidio calificado, en concordancia a las circunstancias que coadyuvan a la intención de dar muerte a un ser humano, pero se procesan, juzgan y sancionan a homicidas valorando a la víctima por el hecho de ser mujer y por su condición de tal, tratando con ello de frenar la violencia contra las mujeres, lucha que está fracasando progresivamente.

Lo planteado hasta ahora evidencia que la configuración del delito de feminicidio ha estado orientada a la protección de la mujer, pero esto no puede ni debe justificar el hecho de transgredir las exigencias de un tipo penal para su configuración, como los principios de tipicidad y legalidad. Regular como feminicidio una conducta delictiva que tiene como elemento normativo que el móvil para ser punible, sea que la víctima necesariamente tenga que ser una mujer y por su condición de tal se le dé muerte, resulta discriminatorio desencadenar impunidad pues se evidencia que los operadores de justicia no interpreten de manera correcta la norma penal cuando acontece un hecho violento como la muerte de una mujer.

Aunado a lo anterior, debe resaltarse que la regulación no solo tiene implicancias procesales, sino también doctrinarias y dogmáticas, toda vez que, con este tipo penal se quebranta la teoría del delito desde el punto de vista doctrinario, al no configurarse el justo valor que exige dicha teoría a cada uno de los elementos normativos del delito, en este caso, no se configura de forma íntegra la tipicidad, que implica que la conducta se encuadre al tipo penal de feminicidio.

Este supuesto se entiende como atipicidad, el fenómeno en virtud del cual un determinado comportamiento humano no se adecúa a un tipo penal, en este caso al delito de feminicidio, lo que en consecuencia, da lugar a la no configuración de este tipo penal, pues el análisis del feminicidio exige que un aspecto específico para la condición de la víctima sea típica, pero la realidad nos da cuenta que estas conductas debieran más bien configurar para el homicidio o asesinato, según las circunstancias de los hechos, ello con la debida investigación y recopilación de elementos de convicción que tipifiquen fehacientemente la conducta delictiva, y en consecuencia, una sanción real y no ilusoria.

De esta manera, al evaluar los elementos normativos del delito de feminicidio se tiene que la configuración legal de este tipo penal con los hechos calificados, evidencian que el error radica en la interpretación y aplicación práctica, pues no se prueba realmente el móvil para la comisión del delito, más aún si existe la regulación del delito de homicidio que encuadra perfectamente los hechos con lo exigido por este tipo penal, pero aun así sigue vigente el feminicidio en nuestro ordenamiento jurídico vulnerando el principio constitucional de tipicidad.

Ello se ha evidenciado en las cifras que demuestran que los asesinatos de mujeres van en aumento desde el 2011 hasta la actualidad, por lo que la incorporación del delito de feminicidio así como el aumento de pena no obedecen a la realidad, sino a una lucha populista que utiliza la creciente violencia de las mujeres para dirigir un problema social a un problema de género ¿De qué sirve la emisión de leyes que incorporan delitos atípicos, que aumenten penas, que modifiquen artículos, si éstas son imprecisas e insuficientes para erradicar un problema social que aumenta el índice de impunidad?

EL FEMINICIDIO

En nuestro Sistema Jurídico, por Ley 29819 del 27 de diciembre del 2011, se incorporó dentro del contenido del artículo 107 del Código Penal, articulo que regula el parricidio.

Debido a los movimientos feministas que insistieron en que se legisle sobre el delito de feminicidio, lograron que el congreso apruebe la Ley N° 30068, publicada en el peruano el 18 de julio del 2013, con esta Ley se incorpora el artículo 108-D dentro del Código Penal Peruano, cuyo contenido viene a instituir el delito de  feminicidio, con características diferentes al delito de parricidio.

En 1992 Diana Russell y Jill Radford sintetizaron el término femicide como el “asesinato de mujeres cometido por hombres”.

¿Qué es el Feminicidio?

De lo anterior se colige que el feminicidio es el crimen contra las mujeres por razones de género. Es un acto que no responde a una coyuntura ni actores específicos, pues  las mujeres víctimas y los agresores no poseen un perfil único de rango de edad ni de condición socioeconómica.

¿Cuál es el bien jurídico protegido en el Feminicidio?

Como se ha mencionado, la categoría de feminicidio surge para evidenciar que las muertes de muchas mujeres traen consigo un elemento adicional: que son cometidos por razones de género estructurales.
Sin embargo, en el ámbito jurídico la tipificación de este delito ha presentado diversos cuestionamientos. Entre los críticos están quienes dicen que el tipo penal de feminicidio afecta el principio de igualdad, toda vez que sancionaría con mayor pena el ataque contra el bien jurídico “vida” en los casos en que las víctimas sean mujeres. Pero, ¿es la vida el único interés o bien jurídico afectado por el feminicidio? La respuesta a esta pregunta implica identificar el rol del sistema penal en un Estado Constitucional de Derecho.

El feminicidio, a diferencia del homicidio, no es sólo un ataque contra el bien jurídico individual “vida”; sino que implica, además, un ataque contra la igualdad de todas las mujeres. Igualdad entendida no en términos individuales, sino en términos de “no subordinación” de las mujeres en nuestra sociedad.

Casos

En esta ocasión mencionare los siguientes casos presentados en Arequipa.

PRIMER CASO CASO:  Valeria Justo Lira (20). CAUSA: Muere a manos de su ex pareja LUGAR: Arequipa.

Stevenson Montero Condori, tuvo una discusión con su ex pareja, durante la discusión, Montero atacó con un cuchillo a Valeria Justo. El examen médico legal, determinó que la mujer falleció por asfixia. Tras el crimen ocurrido, el agresor huyó de la vivienda con su hijo de un año al que luego entregó a sus padres.

Montero habría decidido quitarse la vida por el remordimiento producto del asesinato; sin embargo, los serenos lograron salvarlo.
Este es el segundo feminicidio que se ha registrado durante este año, en la región de Arequipa.

SEGUNDO CASO.- CASO: Roxana Huaman Quispicusi (34) CAUSA: Muere tras ser apuñalada por su conviviente LUGAR: Arequipa.

Las noticias narran, un nuevo caso de feminicidio en la región Arequipa. Roxana Huamán Quispicusi falleció luego que recibiera una puñalada en el abdomen a manos de su conviviente, Fernando Flores Flores. El hecho ocurrió aproximadamente alrededor de las 7:30 am, en la parte alta del distrito de Mariano Melgar.

Los vecinos cuentan que la pareja sostenía una pelea cuando la mujer salió corriendo de su vivienda, y en plena calle Fernando Flores la atacó con un cuchillo. La fémina Huamán Quispicusi llegó sin vida al  Hospital Goyeneche, su cuerpo fue trasladado a la morgue de Arequipa.
Uno de los familiares contó a la Policía que el agresor ya contaba con una denuncia por violencia familiar en la comisaría de Mariano Melgar. Detallaron que Flores Flores era muy celoso y violento.

Este es el caso quinto caso de feminicidio que se ha registrado durante este año, en la región de Arequipa.

Analicemos.

Es cotidiano ver las noticias plasmadas de delitos cometidos, entre ellos tenemos los feminicidios. Al revisar estos casos, surgen cuestionamientos al respecto.

¿Quién es el responsable?.

¿Las mujeres?, ¿Los hombres agresores?, ¿La sociedad?, ¿El gobierno?
Y tú, ¿Quién piensas que es responsable?

LA FAMILIA.- Considero importante el rol que juega la familia dentro de la sociedad, como bien sabemos la familia está compuesta por padre, madre e hijos; sin embargo ¿existe algún problema si esto no se llevará así?, la respuesta es “sí”, ¿Por qué?, porque el ser humano desde su concepción percibe el ambiente en el que se desarrolla, que va influyendo directamente en la personalidad del niño, además cuenta con una carga genética que hereda de sus progenitores, estos factores genéticos hacen que cada niño reaccione de forma distinta en contacto con las personas, de ese modo va construyendo la personalidad.
Veamos, cómo la falta de uno de los miembros paternales, afecta directamente con la personalidad del niño; existen pocos casos en los que pese a tener una familia disfuncional, los padres cumplen correctamente e independientemente su rol, y el resultado se ve en el niño que es futuro joven y padre de familia.

No obstante, particularmente si hablamos de agresores, y mujeres que se dejan agredir, hablo de problemas causados directamente en la familia, la responsabilidad de muchos de estos actos, no las tienen directamente los implicados, por el contrario sus padres, quienes los han educado y de quienes ha ido captando lo bueno y lo malo.

Padres agresores, violadores, maltratadores, indiferentes, egocéntricos, inmaduros, borrachos, infieles, etc, ¿Por qué?, porque como hijo aprendes de lo que ves y de cómo te tratan.

Y ahora dime, si creces en ese ambiente, ¿No te parecería normal?, si lo ves a diario, si lo ves de generación en generación, si lo ves en todas partes, pues sí, empieza a formar parte del individuo y sin darse cuenta frente a una situación empieza a reaccionar de la misma manera que reaccionaron sus padres, o peor aún de cómo se lo enseñaron sus padres.

Padres que no asumen de manera responsable frente a sus hijos(as), padres que no llenan de amor a sus hijos, que no cumplen con el rol responsable que amerita ser cuidador de un niño(a), pues no basta con solo proveer de dinero, no basta con enviar regalos, no basta con enviar mensajes, no basta con un llamada o una salida al cine; los hijos necesitamos atención, amor, preocupación, afecto, que nos enseñen cómo caminar, cómo correr, cómo saltar, cómo hablar, cómo mirar, cómo ser tratados, y ¡si no nos enseñan!, ¿De dónde lo aprendemos?, lo aprendemos de la sociedad.
Por tanto concluyo esta parte dejando claro que la responsabilidad de cualquier acto cometido por los hijos, es de los padres.

LA SOCIEDAD.- Seré breve en este tema, pues todos sabemos, sin necesidad de leer mucho lo que la sociedad nos ofrece, cuando no tenemos una guía para discernir lo bueno y lo malo.

Nos ofrece inseguridad (hay asaltos al paso, robos cada minuto), en nuestro país la inseguridad se ha incrementado de septiembre del 2017 a febrero del al año 2018 de 25.5% a 28.4%.

Nos ofrece, drogas, alcohol, delincuencia, prostitución, corrupción; vivimos en un país que no resguarda el intelecto en su población, por tanto afecta directamente a la población.

Por ejemplo, vemos en los canales de televisión aprobados por “el Estado”, que nos muestran a una mujer agredida por su pareja, y alrededor de un par de meses de haber declarado e iniciado un proceso judicial, se arrepiente y niega lo que ella misma afirmó en un momento, programa que se transmite a un público general de todas las edades; hay vemos como el Estado descuida muchas áreas que permitan velar por la salud emocional de sus ciudadanos.

En conclusión el feminicidio es un problema social, económico, político y cultural; es un problema de Estado y de la sociedad en su conjunto.

LA MUJER.- Como mencionaba líneas arriba, la familia influye en la personalidad que toman los individuos dentro de una sociedad, por tanto considero que el feminicidio es responsabilidad de las mujeres, ¿por qué?, porque ellas perciben si su pareja es agresiva o no, sin embargo se dejan llevar por “esas emociones” a las que llaman amor, causando así una dependencia emocional.

Que pese a que no son felices, deciden seguir con este hombre; la falta de afecto de un padre para una mujer, es determinante para que ella busque el afecto paternal en cualquier o el primer sujeto que se atreviese en su camino, por tanto vivimos en un país donde las mujeres no tienen inteligencia emocional, ello debido a la carencia de una familia, de economía, de educación, suena duro, pero pregúntense...

En la actualidad existen muchos centros de ayuda para las mujeres maltratadas, sin embargo vemos cómo incrementan los casos de feminicidio, de algún modo podemos decir que el Estado está cooperando en ayudar a evitar que se sucedan más casos de feminicidio en el país, pero contrastando vemos a un país de mujeres que siguen permitiendo este tipo de abusos.

No hablo de todas, de hecho muchas mujeres son luchadoras en nuestro país, pero enfocando la opinión en el tema en sí, deberíamos invertir como país en la salud emocional de las familias, pues si no erradicamos el problema desde la raíz, esto seguirá avanzando.

EL HOMBRE.- Al igual que mi opinión en el caso de las mujeres, es que todo problema se suscita a raíz de la educación familiar.

Concluyo esta parte del artículo, aludiendo, que mientras más familias disfuncionales existan, más riesgo tendremos como país que muchos problemas socioeconómicos – culturales se sigan incrementando en la sociedad.

Considero padres inteligentes emocionalmente, que conllevan una relación separada, sin embargo mantienen la educación de sus hijos correcta y adecuadamente, pues no son la regla, son la excepción.

Concluyo, mencionando que en nuestra sociedad, más allá de apreciar casos de feminicidio a los que le prestamos mucha atención e importancia, también vemos casos de padres que son abusados, agredidos, violentados, y que por ser una sociedad machista por costumbre de nuestros antecesores, no hacemos nada.
Somos un país con gran número de normas, sin embargo ello no disminuye, ni mucho menos regula lo que pretende.

Considero que el Estado, debería invertir en la salud emocional de las familias, informar y enseñar a los jóvenes sobre la responsabilidad de formar un hogar, pues de allí provienen todos aquellos delincuentes, violadores(as), drogadictos(as), agresores(as), corruptos, asesinos(as), pues aquellos hombres y mujeres que cometen actos delictivos, tienen un padre y una madre que un día algo les tuvieron que enseñar, pues tenían la responsabilidad directa de aquel niño que ahora es un joven causando peligro y problemas en nuestra sociedad.

Autora: Abogada Kelly Ríos Piromally